CÓMO REGULARIZAR SU SITUACIÓN SI NO PAGA LAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

9 de August del 2016

Las empresas que tengan obligaciones pendientes con la Tesorería General pueden pedir un aplazamiento de la deuda, aunque tendrán que pagar recargos y, en caso de delito, una multa.
 
Antes que incumplir pagos a los bancos y a los proveedores, muchas pymes -que tienen falta de liquidez- optan por retrasar sus obligaciones con la Administración, sobre todo las cuotas a la Seguridad Social. Así evitan problemas en las relaciones comerciales con sus acreedores.
 
Cotizar es un deber del trabajador, pero también de la empresa. Los descuentos varían en función del tipo de actividad y el salario. "Si el empleado tiene una nómina de 1.000 euros y desempeña una labor de oficina se aplica un tipo del 36%, de forma que se descontará 360 euros a su salario", explica Santiago Pulido, asociado del despacho Ramón y Cajal Abogados. De esa cantidad, una parte corresponde a la compañía y otra al empleado. Pero, para evitar complicaciones, las organizaciones suelen restar de su paga mensual el montante que hay que abonar a la Seguridad Social.
 
El problema es cuando una firma, por problemas financieros, deja de cumplir con sus deberes. No pagar en el tiempo y forma reglamentarios, omitir los incrementos salariales, retener menos de lo debido y tener un trabajador sin papeles son algunas de las acciones que motivan una inspección de trabajo. Incluso se puede incurrir en un delito penal. Las pequeñas y medianas empresas que tengan deudas con la Seguridad Social -contraídas de forma intencionada o porque se ha producido un error por parte de los entes públicos- deben conocer sus efectos para normalizar su situación:
 
El hecho.
 
Entregar los documentos de cotización fuera del plazo establecido se considera una infracción grave. Asimismo, no utilizar los sistemas -informáticos, electrónicos y telemáticos- que la Tesorería General pone a disposición de las empresas para presentarlos, acarrea consecuencias.
 
Sanciones. 
 
Si su pyme paga tarde tendrá que desembolsar un recargo del 20%. En caso de que no aproveche la prórroga que se le concede, el gravamen asciende al 35%. A esta carga se suma un interés de demora del 3,7%, según la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016. El ingreso de este tipo se aplica a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo reglamentario. Se exige, además, que el pago se haga transcurridos 15 días desde la notificación del procedimiento de deducción. Llegado a este extremo, "la deuda entra en período ejecutivo o proceso de recaudación", señala Pulido. La Seguridad Social hará todo lo posible para cobrar lo que le corresponde. El método más habitual y eficaz es el embargo. "Por lo general, primero se apropia de los bienes muebles, y después de los inmuebles", revela el abogado. Es decir, se confiscan antes las cuentas corrientes de la sociedad que su estructura física, los coches de la compañía o las propiedades de los socios.
¿Se puede postergar el pago? Los directivos pueden solicitar un aplazamiento, que se extiende hasta un período máximo de cinco años. "La deuda no puede superar los 30.000 euros en total", cuenta el letrado. Las pymes deben tener en cuenta que la Tesorería General es cada vez más reticente a este tipo de cesiones: "Ya no ofrece tantas posibilidades como antes debido a las cuentas del Estado", sostiene el profesor del departamento financiero de IE, Manuel Romera. Apunta que "este organismo público huye de ejercer como una entidad financiera".
 
Gravedad del incumplimiento.
 
Si la cantidad defraudada supera los 50.000 euros durante un plazo de cuatro años naturales se incurre en un delito penal. Este tipo de infracciones incluye, además, penas de prisión de dos años. En los supuestos más graves, el castigo alcanza los seis años de cárcel más una multa, que varía en función del valor hurtado. Asimismo, la manipulación de los certificados de que se está al día con la Seguridad Social se considera falsedad en documento público, lo que supone una condena de entre tres meses y seis años, más la correspondiente sanción monetaria. Cuando se llega a estos límites, las pymes han de tener en cuenta que pierden la posibilidad de adquirir subvenciones y ayudas públicas, así como el derecho a gozar de los beneficios fiscales que brinda esta administración durante un período de entre tres y seis años.
 
Obligaciones.
 
Después de un retraso o un error, muchas pymes tienen dudas sobre si están al corriente con la Seguridad Social. Para evitar sorpresas, lo recomendable es solicitar un informe que demuestre que la compañía tiene sus pagos al día. El único requisito es facilitar a este organismo público un número de teléfono móvil, al que enviarán un mensaje con una contraseña temporal para acceder a la sede electrónica de la Tesorería General. Una vez identificado, el directivo obtendrá un certificado en el que se refleja su nombre, número fiscal y deudas contraídas y pagadas a la Tesorería General. Para evitar este procedimiento cada vez que se necesite el justificante, el directivo se puede descargar el informe en formato PDF.
 
¿Cómo se sanciona a una compañía?
 
Control. En virtud de las acciones supuestamente fraudulentas de una empresa, la Inspección de Trabajo puede abrir un acta para liquidar las cuotas adeudadas. Para ello, lleva a cabo una fiscalización por iniciativa propia, mediante una denuncia o a instancia de una persona interesada.
 
Comunicación. El acta será notificada al empresario, que dispondrá de 15 días para efectuar sus respectivas alegaciones. Si demuestra pruebas diferentes a los hechos consignados en el expediente, se ampliará el plazo ocho días más para que el directivo presente nuevos argumentos.
 
Documentación. Una vez abierto el expediente del procedimiento sancionador, en el acta se reflejan los hechos constatados por el inspector -destacando los más relevantes-, la infracción que se imputa al empresario, la gravedad del hecho, la sanción propuesta y el valor de la misma.