EL GOBIERNO PREVÉ DAR DE BAJA DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO A 220.000 PERSONAS

3 de May del 2017

El Ejecutivo ha previsto este año dar de baja de las prestaciones por desempleo a 220.000 personas, como resultado de las diversas acciones emprendidas para controlar el fraude y la picaresca en las prestaciones. No obstante, el crecimiento económico, con la evolución positiva del mercado de trabajo, hace que esta sea la cifra más pequeña de los últimos seis años. En 2011, las expulsiones fueron 260.000.

No obstante, desde que comenzó la crisis económica, y teniendo en cuenta las previsiones para este año, los controles para luchar contra el fraude en las prestaciones por desempleo causaron 3,2 millones de bajas, según el balance que hace el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en sus presupuestos.

La cifra más alta de expulsiones de la cobertura fue en 2014 con 434.148 bajas. Incluso, 34.000 más que las 400.000 previstas por el Ministerio para ese año. Por lo tanto, la lucha contra el fraude es una de las causas de que, en los últimos años, haya descendido el número de personas protegidas por las prestaciones por desempleo. Es decir, junto al crecimiento de la ocupación y los recortes realizados por el Gobierno para estimular la búsqueda de empleo. Por ejemplo, el recorte del 70% al 50% de la prestación, a partir del séptimo mes, o el retraso desde los 52 a los 55 años del subsidio especial para desocupados sin ningún tipo de protección.

Así, al terminar 2007, en el comienzo de la crisis económica, el número de parados con protección era de 1,5 millones, el 72,2% de los mismos. Al finalizar 2011, en el ecuador de la crisis, los desempleados con protección eran 2,9 millones, el 66,1%. Al comenzar la recuperación, en 2014, la cobertura beneficiaba a 2,4 millones de personas, el 54,3% de los desempleados. Actualmente suponen el 53%.

Entre las medidas que están previstas llevar a cabo en los servicios públicos de empleo este año para intentar reducir el fraude en las prestaciones por desempleo están las siguientes: 4,5 millones de controles sobre la renovación trimestral de las demandas de empleo; 2,5 millones de cruces de datos informáticos entre los Servicios Públicos de Empleo y la Seguridad Social, para detectar si el beneficiario puede tener un empleo sumergido, o 3,5 millones de controles sobre los requisitos para obtener la prestación.

El Ministerio de Empleo también tiene previsto hacer 400.000 reclamaciones a los desempleados por pagos indebidos de prestaciones. O, también, 10.000 comunicaciones a las empresas para exigirles su responsabilidad en la comisión del fraude.

Fuente: Expansión