LA COMISIÓN Y EL PARLAMENTO NEGOCIAN LA REGULACIÓN DE TRABAJADORES DESPLAZADOS

18 de October del 2017

Desde el Parlamento europeo admiten que la actual regulación comunitaria, que data de 1996, en la práctica “suele traducirse en que a menudo los desplazados reciben una remuneración menor que los trabajadores locales por el mismo trabajo”. Los propios datos de la Comisión Europea, reconocen que los trabajadores desplazados pueden ganar hasta un 50% menos en algunos sectores y países. Esto está generando una competencia desleal (dumping) entre las empresas nacionales y las compañías que trasladan temporalmente a sus empleados a ese país.

La directiva original incluye que los desplazados deben cobrar el salario mínimo del país de acogida y respetar las condiciones mínimas de descansos, vacaciones y normas de seguridad e higiene. Pero nada más. Así, plantillas completas de trabajadores polacos o checos o también españoles, de empresas transportistas, manufactureras o de prestación de servicios trabajan en Francia o Bélgica con salarios y cotizaciones de sus países.

Los reiterados abusos detectados en los países de acogida de estos trabajadores hicieron que la Comisión, en marzo de 2016, propusiera la reforma de la directiva de mediados de los noventa, con el objetivo de aplicar las mismas reglas a trabajadores desplazados y locales y, sobre todo, igualar sus salarios.

 

Pero con la propuesta de reforma de dicha directiva se abrió la caja de los truenos entre los Estados del este –contrarios a endurecer esta regulación– y del oeste, liderados sobre todo por Francia, que sí persiguen igualar las condiciones laborales de desplazados y locales.

De hecho, ha sido el primer ministro francés Emmanuel Macron, el que ha convertido la lucha contra el dumping laboral transfronterizo en uno de los ejes de su política europea. En agosto pasado Macron realizó una gira por varios países del Este para recabar sus apoyos. Logró en parte el respaldo de la República checa, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía, así como el apoyo claro de Austria. Pero la alianza puede naufragar tras las elecciones del domingo en Austria (que han dado un vuelco hacia la derecha) y las de este viernes en Chequia.

España, que ha mantenido una tradicional resistencia a la directiva, ha evolucionado hacia “una posición más favorable”, según fuentes diplomáticas. El gobierno de Mariano Rajoy exige, sin embargo, una solución para el sector del transporte, que puede verse afectado por otra directiva paralela sobre conductores desplazados. Bruselas quiere aplicar las nuevas normas desde el primer día de salida del camionero; pero España exige que solo se apliquen a partir de la quinta jornada de la actividad internacional del camionero.

Fuente: Cinco Dias